Salta/Argentina.- En referencia al conflicto de poderes: el Poder Judicial pretende ejercitar sus facultades por encima de los otros dos poderes, a través de presuntas irregularidades de una gravedad institucional sin precedentes (derogación de la ley del Consejo de la Magistratura y reposición de la de 1.996 y fallo que ordena restituir fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,); la Suprema Corte de Justicia ha dejado de garantizar justicia para la ciudadanía y favorecer a un sector político y a grupos económicos concentrados; y que ha provocado la reacción inmediata del Poder Ejecutivo, al solicitar Juicio político por mal desempeño en sus funciones (art. 53 de la C. N., Ley de ética pública) contra los integrantes del máximo tribunal (H. Rosatti, C. Rosenkrantz, J. C. Maqueda, y R. Lorenzetti), a fin de garantizar el normal funcionamiento de los tres poderes. Desde el Mo.Re.Ju. destacamos la importancia de recurrir a esta herramienta constitucional y demostrar cada uno de los hechos irregulares que se les imputan a los jueces del alto tribunal; y que más allá del resultado, esperamos que se garantice el derecho a defensa de los acusados y un proceso de juicio político serio, transparente y abierto a la ciudadanía y abogamos para que de los debates en el debido proceso surja el compromiso de todas las fuerzas políticas para discutir de una vez por todas, una reforma integral del poder judicial al punto de lograr definitivamente la independencia de los poderes, y el fiel cumplimiento de sus facultades. Como repercute este escenario en nuestra Provincia: Lamentablemente en la provincia de Salta prácticamente no existe la independencia de poderes. El Poder Ejecutivo concentra un gran poder – político y económico- respecto a los otros dos poderes y tiene alineado a todos los partidos políticos y a todos los intendentes. El Poder Legislativo está subordinado al poder ejecutivo, con mayoría oficialista en ambas cámaras las que permiten poderes extraordinarios respecto al manejo discrecional de los fondos y medidas de gobierno que solo favorecen a un sector concentrado y dominante. El Poder Judicial con jueces que le responden ciegamente al poder ejecutivo y permiten el dictado de normas que rayan en lo inconstitucional y actúan como método de persecución y coacción de todos los ciudadanos que pretenden criticar los actos de gobierno.
Coparticipación
Con respecto al tema de la Coparticipación es menester señalar que el Gobernador (Gustavo) Sáenz, que tanto reclama el Federalismo no haya hecho ninguna manifestación respecto a la medida que favorece a la CABA y perjudica enormemente a la economía de nuestra provincia y que los legisladores nacionales (que en su gran mayoría son puestos por el centralismo porteño) tampoco has salido en defensa de los intereses provinciales y menos a instalar en agenda el debate de una nueva distribución de los recursos coparticipables más equitativa, evidenciando una actitud completamente unitaria.
La Lucha Continua. Firman este documento los siguientes dirigentes y militantes: David Torrejón (Recuperación Justicialista); Jorge Pampero (Justicialismo en la calle); Carlos Miranda (Integración, Progreso y Sociedad); Marcos Vidaurre (1945 – Eva Perón); Rubén Martínez Conrado (Néstor Kirchner); Silvia “Pequi” Sagle (24 de Febrero); Luis Armando “Luchin” Coronel (Campora Interior; Dpto. Chicoana); Dante Alcoba; David Ortiz y Antonio Navarro (Dpto. San Martín); Luis Gonzales, Carlos Saldaño (Dpto. Orán); Fernando Pequeño Ragone (Ateneo Miguel Ragone); Ricardo “colo” Barreira (Unidos); Nicolas Barrale (Dpto. Rosario de la Frontera); Rene Tolaba; Alejandro Wardi; Ramona Ardiles; Fernando Cáseres; Antonio Agüero; Cristina Caliva; Exequiel Gallo; Emma Beccari; Belén Melian; Daniel Trujillo; Federico Almirón; Daniel Gayote; Eduardo “Chino” Gutierrez; Daniel Tabarcachi; Federico Zerpa; Adolfo Corbalán; Silvia Garnica; Víctor Giménez; Humberto “Beto” Rajal; Oscar Chocobar; y otros.