Salta- Argentina.- Como se recordará, el 27 de octubre de 2014, bomberos voluntarios se habían constituido en el cerro conocido como “El Acheral”, donde tenían que apagar un incendio. Al día siguiente encontraron en la zona los cuerpos incinerados, que pertenecían a los brigadistas Mauricio Valdéz, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte. Hoy se conoció la sentencia del juicio. Víctor de Jesús Ola Castro, fue condenado a 1 año de prisión en suspenso, mientras que Roberto Durnelli y Víctor César Dagum fueron absueltos por beneficio de la duda. Familiares de las víctimas habían solicitado el cambio de la calificación legal a “homicidio culposo”. 

El juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, condenó a Víctor Cesar Dagun (69) a la pena de  un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el término de dos años, por ser autor material y penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Así, rechazó la calificación subsidiaria de homicidio culposo. Durante la audiencia, se dio lectura a los fundamentos por los que tomó la decisión.

El hombre deberá, por el término de dos años, fijar domicilio e informar cualquier cambio y no cometer nuevo delito.  En caso de incumplir alguna de estas reglas de conducta podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena, que podría ser de cumplimiento efectivo.

Por su parte, Víctor de Jesús Ola Castro (63) y Roberto Durnelli (60) resultaron absueltos por el beneficio de la duda del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y subsidiariamente homicidio culposo.

RESARCIR NO ES LO MISMO QUE CONDENAR: EL ESTADO PAGA, Y LOS FUNCIONARIOS A CASA

En el mismo fallo hizo lugar a la acción civil instaurada en contra de la Provincia de Salta y, en consecuencia condenó al Estado Provincial a pagar por la muerte de Mauricio Miguel Valdéz, y Matias Daniel Vilte en concepto de reparación por daño material y moral, todo con intereses contados a partir de la fecha de la presente y estableciendo la tasa activa.

Por otra parte, rechazó la demanda civil en contra de Ola Castro, Dagun y Durnelli.

El juez dijo en su sentencia que el “funcionario público” y “empleado público” es quien”… participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”, calidad que revestía Dagun al momento del hecho. Agregó que ejerció el curso de dominio del hecho por cuanto desvirtuó el objeto del contrato de locación de servicios de desmalezamiento, afectando de manera permanente y continua a Vilte y Valdéz, entre otros, para ejercer funciones como combatientes de incendios forestales, ello teniendo el conocimiento de estar realizando una actividad indebida, pues se extralimitó en sus funciones asumiendo funciones de una dependencia inferior, constituyendo las cuadrillas, designando al jefe de la misma en franca violación a su competencia, asimismo de los deberes y atribuciones a su cargo y vulnerando el deber de cuidado, generando una afectación al debido funcionamiento de la administración pública, causando un daño en concreto que se traduce en una desvirtuación del contrato de locación de servicios, haciendo cumplir tareas que no resultaban acordes al objeto contractual, lo que se tradujo en responsabilidad del estado provincial.

Ola Castro, por su parte, fue desvinculado por todos los testimonios, ya que indicaron de diversas maneras que no cumplía funciones operativas en relación a la Brigada. En este aspecto se debe aclarar que sí bien era jerárquicamente superior respecto de Dagun y Durnelli, la función administrativa que desempeñaba tenía como principal aspecto la coordinación de las distintas dependencias que ejecutaban sus competencias administrativas especificas, realizando los pases y autorizaciones administrativas o de vinculación con otros organismos (aprobando viáticos o comisiones, realizando coordinación institucional y/o pedidos entre distintos organismos) conforme su competencia determinada en base a su designación, el organigrama  de defensa Civil y las funciones atinentes a dicho organismo y sus dependencias inferiores. Cabe aclarar que en la administración pública el control de los aspectos funcionales están vinculados a las áreas específicas tales como auditoría interna, oficina de recursos humanos y área jurídica. En concreto, la situación que se dio en el Programa de Defensa del Ambiente, y del Subprograma de Brigada Forestal debía ser advertida y rectificada con la intervención de los organismos de control para deslindar las responsabilidades pertinentes y, que en los hechos tal circunstancia se dio con posterioridad al hecho por el que fallecieron las víctimas.

Por otra parte, Durnelli y Ola Castro ejercían funciones administrativas. Si bien este último era jerárquicamente superior, pero sin determinaciones operativas o competencia especifica. En el caso Durnelli, no tenía competencia de conformación de los equipos de personal.

El juez descartó que haya existido nexo de causalidad atribuible a los imputados que pueda haber causado la muerte de las víctimas, ya que no surge de las pruebas una acción o incumplimiento que haya determinado el resultado muerte. Se advierte que está justificada la concurrencia del personal de Defensa Civil en el siniestro, pues indefectiblemente debía intervenir dicho organismo.

Fuente: Poder Judicial

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