Por qué Kicillof sigue respaldando a Berni
Argentina – El asesinato del colectivero Barrientos generó un huracán en medio de la campaña. Con un marco social que muestra a la inseguridad como segunda inquietud después de la inflación, el gobernador bonaerense mantiene su táctica: bancar a su ministro de Seguridad y esperar que baje el pico de tensión.
Todos tienen uno. Y todas. Los hay dorados, como los que encargó Leonel Messi para la Selección. De alta gama. O sencillitos como un auto base, sin otra pretensión que cumplir con su función sin ostentar. Son el centro del mundo, porque todo pasa por ellos. Desde la comunicación al entretenimiento. Pero también el objeto más robado del mundo. Como el robo afecta a todas las clases sociales, aunque naturalmente la chance de reposición se distribuye de manera injusta, la extensión del fenómeno no deja sector sin sensibilizar. Y aunque las probabilidades de robo con homicidio son muy bajas, basta un solo hecho para que aquella sensibilidad se transforme en ira y, en un año electoral como este 2023, se politice al máximo.
El último hecho resonante fue el asesinato de Daniel Barrientos, el colectivero de la línea 620 que murió de un disparo en La Matanza.
Funcionarios de Axel Kicillof dicen en privado, y no solo en público, que su convicción es que ese homicidio fue armado. Es decir que fue parte de un complot para enrarecer el clima en la Provincia. Admiten que todavía no hay forma de comprobarlo. Esperan que avance la investigación. Mientras, las versiones fueron cambiando. De entrada el ministro de Seguridad Sergio Berni dijo que había sido un operativo comando de dos autos. Luego esa versión se desvaneció y creció otra: los ladrones viajaban en un Fiat Siena robado, bajaron de él, robaron, mataron, volvieron al coche y luego lo incendiaron.
El otro elemento sospechoso es la desproporción de las armas utilizadas. “Una calibre 40 no es un fierro que consigue cualquier chorro”, dijo a este diario un magistrado que pidió reserva de su nombre. “Es un arma carísima, aunque no de sicario como dijo Berni.”
En las especulaciones de los investigadores hay dos motivos que eventualmente podrían explicar la presencia de un arma así. O, efectivamente, una conspiración, o una situación distinta: “Una bandita narco que se dedique a delitos mayores y que haya robado en el colectivo 620 porque buscó unos pesos más”.
Los pesos son, justamente, los que se obtienen por la reventa inmediata de los celulares, que se convirtieron en una moneda de cambio de realización inmediata. Si la clase media no anda con dinero en el bolsillo por la profusión de billeteras digitales, en los sectores populares eso es aún más evidente por el ingreso exiguo de trabajadores formales o informales. Virrey del Pino, donde ocurrió el homicidio contra Barrientos, es una de las zonas más pobres de La Matanza. El botín puede ser, como lo fue, la mochila de una trabajadora o un celular de gama baja.
En términos políticos, ese asesinato dejó a la luz un tablero inagotable. En él se pueden distinguir distintos planos.
Un plano es la decisión del gobernador Axel Kicillof de no modificar su confianza, hasta ahora incondicional, en Sergio Berni. En esto sigue una línea que aplica desde el primer día de gestión. En silencio o activamente apoyó a Berni en sus enfrentamientos con el PRO, con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y con los intendentes, cuando éstos le reclamaban que les cediera las policías municipales hoy en manos de la Bonaerense. También lo sostuvo cuando esa misma Bonaerense reprimió sin justificativos a los hinchas de Gimnasia y Esgrima. César Regueiro, de 57 años, murió en esas circunstancias de un paro cardíaco.
En vez de utilizar a Berni de fusible, Kicillof está decidido a ser él mismo quien soporte los cambios de corriente.
Más allá de las diferencias de espacio y ubicación política dentro del peronismo, ¿Kicillof no se está atando a Berni como Alberto Fernández en su momento a Martín Guzmán? Respuesta de un funcionario: “Sergio defiende al gobernador como pocos los hacen, y además, que me traigan el CV de alguien que pueda reemplazarlo”.
Kicillof tampoco criticó a Berni por el hecho de haber ido personalmente a la protesta de los colectiveros en General Paz y Ruta 3, donde terminó sufriendo una feroz agresión, en lugar de haber dirigido la desactivación a distancia.
A partir de ahí se dio, también, una serie de situaciones curiosas ya en el plano nacional. La detención de los choferes que agredieron a Berni, Jorge Galiano y Jorge Zerda, fue repudiada tanto por Patricia Bullrich como por Cristina Fernández de Kirchner, aunque con argumentos distintos.
La detención más espectacular fue la de Galiano.
“A los narcos y a los delincuentes nunca les pasa nada”, tuiteó Bullrich. “Pero para arrestar a un laburante mandan a todo un escuadrón. Siempre del lado de los chorros.”
“Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA”, posteó Cristina, que antes según Berni había sido la primera en llamarlo para solidarizarse. Y siguió: “Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?”.
“Así es el protocolo”, se defendió Berni.
La Bonaerense hizo una sesión de fotos de Galiano digna de la Justicia federal cuando apresó de madrugada al ex vicepresidente Amado Boudou, un hecho que el peronismo y los defensores de las garantías individuales criticaron por innecesario y excesivo.
También el Ministerio de Seguridad empezó estos días a desplegar sus fuerzas para vigilar a los pasajeros de colectivos. Es una modalidad que los técnicos en seguridad llaman “control poblacional”. En algunos casos los hicieron bajar y les efectuaron un cacheo, a pesar de no había flagrancia ni sospecha de que hubieran cometido un delito.
Una discusión es constitucional. ¿Es lícito el cacheo masivo? Otra es práctica: los resultados finales dirán si hubo hallazgos interesantes por parte de los cuerpos especiales de la Bonaerense lanzados a los colectivos. Lo hicieron, además, en paralelo a los gendarmes enviados, sin coordinación entre Nación y Provincia, por el Ministerio de Seguridad de la Nación dentro del operativo llamado Comando Unificado Conurbano.
Ante el ataque opositor, la apuesta de Kicillof parece ser la que viene haciendo desde el principio de su gestión: bancar a su ministro y esperar que baje la espuma de la irritación.
El gobernador suele repetir en los actos que, además de los cambios sociales necesarios y la reducción del desempleo y la desigualdad, la inseguridad bajará si disminuye la reincidencia y si se mejora el entrenamiento policial. Para lo primero el ministro de Justicia Julio Alak dispuso intensificar la educación y la enseñanza de oficios en las cárceles. Para lo segundo continúa la incorporación de cadetes a la fuerza con armas más poderosa del país.
Ambas iniciativas pueden tener efecto en el largo plazo. En el corto, o sea de aquí a las elecciones de octubre, los dirigentes políticos del oficialismo están alertas. Ahora quieren saber si el factor “inseguridad”, que figura en todas las encuestas después del factor “inflación” como principal motivo de preocupación de los bonaerenses, sube o baja después de los últimos sucesos, y si esa oscilación beneficia o perjudica la imagen del gobernador.
El robo de celulares aparenta ser más difícil de combatir que otras formas tradicionales del delito, que incluían articulaciones poderosas entre criminales y sectores de la policía, como el robo de autos y los desarmaderos, conectados además con el tráfico de cocaína.
Tal como informó este diario la cifra de homicidios dolosos por habitante viene descendiendo en la provincia de Buenos Aires. Está en 4,5 cada 100 mil habitantes, contra los 22 de Rosario. Y de esos asesinatos la mayoría son interpersonales o femicidios, y no homicidios en ocasión de robo. Pero los años electorales son refractarios a las estadísticas, más aún cuando hay un fondo de irritación popular por el proceso inflacionario.
Según la ONG “Defendamos Buenos Aires”, en el área metropolitana que incluye a la Capital y al Conurbano se roban unos nueve mil celulares por día. El 34,6 por ciento de los robos se produce entre las 20 y las 24. De 12 a 20 el porcentaje es del 30,3 por ciento.
El principal método usado para el robo es el arrebato en la vía pública. El segundo, el asalto con armas. El tercero, el pungueo en el transporte público.
En el Gran Buenos Aires los robos proliferan en La Matanza, Olivos, San Martín, Vicente López, Quilmes y Florencio Varela. En CABA, Belgrano, Núñez, Palermo y Recoleta.
En cifras de 2021, casi 35 millones de argentinos tenía teléfonos móviles inteligentes. La estimación en ese momento era que n 2023 la cifra superaría los 38 millones y en 2025 sobrepasaría los 40 millones.
Ya hace seis años la estadística recogida en el informe “Monitor global de basura electrónica 2017”, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, informaba que había más celulares que habitantes: 7.700 millones de aparatos contra 7.400 millones de personas.
El celular inteligente como objeto de robo reemplazó al reloj, que antes era el objeto más buscado, y a las distintas versiones de autoradio. Los ladrones lo venden en el acto a los reducidores, que a su vez los ponen a disposición en el mercado de usados.
Fuente: Martín Granovsky – Página 12