MNMR-UCR Se Opone a la Expropiación de Vicentin que estafó al Estado.

El Movimiento Nacional de la Militancia Radical – MNMR- que en Salta, representan Leo Svarzman y Carlos Barreto, entre otros, enviaron este documento que manifiesta su oposición a la expropiación de la empresa cerealera Vicentín. Culpan a los gobiernos peronistas por las”malarias argentinas” y el documento no propone nada como alternativa. ¿Estos muchachos tendrán conocimiento que los dueños de Vicentín han aportado cifras millonarias a la campaña de Mauricio Macri y que Javier González Fraga economista y militante de la UCR, como presidente del Banco Nación autorizó el préstamo a esta empresa a sabiendas de la estafa contra el Estado?

Salta- Argentina.- El documento del grupo de militantes del Movimiento Nacional de la Militancia Radical – MNMR– que manifiesta su oposición a la expropiación de la cerealera Vicentin, que dispuso el gobierno nacional, dice textualmente lo siguiente: “No hay república sin división e independencia de los poderes, el respeto a la ley, la igualdad de trato, el reconocimiento de los derechos humanos, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios y la periodicidad de los mandatos. Los actos ilícitos que puedan existir, de Vicentin o de cualquier autoridad política o bancaria, deben ser juzgados por la justicia penal. Nada ni nadie debe quedar impune si existe o existió corrupción. No se puede desplazar al juez natural de un concurso preventivo, arrogarse la competencia de designar un interventor, ocupar la empresa sin que el Congreso, en sesiones presenciales o remotas haya deliberado democráticamente en torno a admitir o rechazar la “utilidad pública” invocada. Una decisión del gobierno no puede justificarse basándola en un Decreto de Necesidad y Urgencia que el propio art.99 inc.3 de la Constitución Nacional (“el P.E. no podrá, en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”) declara insanablemente nulo. Excepcionalmente lo admite cuando al Congreso le sea imposible la tramitación del procedimiento para la sanción de una ley, y ello evidente y afortunadamente no ocurre. El Congreso está en su período ordinario de sesiones y habilitado para sesionar presencial o remotamente. Existe una contradicción cuando se apela a un DNU invocando la excepción expuesta y al mismo tiempo se remite un Mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso requiriendo la expropiación de la empresa Vicentin. La pandemia no constituye un bill de indemnidad para gobernar y administrar los recursos del Estado violando, alterando, afectando de cualquier modo la división e independencia de los poderes. Formamos parte de la Unión Cívica Radical. Somos republicanos y democráticos. Tengamos memoria Todo pasó bajo gobiernos del mismo signo político. ¡Tengamos memoria!

El presidente Alberto Fernández anuncia la expropiación de Vicentin.

a) Se privatizó YPF bajo el gobierno de Menem, posteriormente durante el gobierno de Kirchner se expropió el 51% de sus acciones que estaban en manos de la petrolera Repsol, lo que hoy (juicio mediante) nos significará una erogación millonaria que deberemos pagar todos los argentinos por no cumplir con los Estatutos de la Compañía al estatizar las acciones.
b) El Correo oficial fue privatizado durante el gobierno de Carlos Menem en 1997 y nacionalizado en el 2003 con Néstor Kirchner.
c) Aguas Argentinas, la empresa de servicio de agua corriente y cloacas de la ciudad de Buenos Aires privatizada por Carlos Menem y luego estatizada en 2006 por Néstor Kirchner.
d) Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR), privatizada primero y re-estatizada después por decreto, en marzo de 2007.
e) Aerolíneas Argentinas, privatizada primero por Carlos Menem a la española Iberia que quebró y pasó a ser parte del “Grupo Marsans” y re-estatizada después en el año 2007 durante el gobierno de la actual vicepresidenta.
f) Belgrano Cargas y logística, privatizada primero y re-estatizada en el 2013.
g) Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) primero privatizada para ser re-estatizada después en el 2010.
Éstos son algunos de los antecedentes que se deberían tener en cuenta para analizar la posible expropiación de la empresa Vicentín.
En todas las operaciones anteriores, el Estado Nacional (es decir, nosotros), bajo gestión de administraciones peronistas perdió capitalización empresaria y capital social. Fueron miles de millones de dólares en negocios faltos de transparencia, programación estratégica, planificación sectorial y evaluaciones de impacto. Es decir, improvisados y demagógicos. Así negocios que pudieron tener justificación política y significar un beneficio para el interés nacional, se tergiversaron en espúreos, deficitarios, sospechados presuntivamente (o confirmadamente) de corruptos y absolutamente perjudiciales para el país. No hay estado ni empresa que pueda subsistir haciendo negocios de esa manera. La gestión de este tipo de iniciativas, justificada o no en sus verdaderas razones debería ser una decisión producto de un debate legislativo nacional y ser implementada bajo los debidos controles republicanos. No podemos proceder sólo en nombre de los argumentos por las grandes causas, las banderas más reivindicables y las razones de interés público más loables, sin tener en cuenta sin tener en cuenta los antecedentes
en el tema. Desconocer la inoperancia propia del actual oficialismo en gestiones anteriores sólo sirve para alimentar argumentos reaccionarios al interés público que se dice defender. ¡Por algo estamos como estamos! Tenemos memoria. La decisión de expropiar Vicentín nos recuerda otras experiencias impulsadas en el pasado.
Como radicales reivindicamos el papel del Estado y el rol que debe cumplir en determinadas empresas o circunstancias de interés nacional. Circunstancias que deben ser respaldadas por la transparencia, la idoneidad, la auténtica defensa del interés nacional y por todas las garantías institucionales.
Como radicales, también, tenemos opinión formada de la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de la que argumenta la comunidad internacional. Y tenemos historia pública en la Nación respecto de dónde posicionarnos frente a los intereses comerciales agro-exportadores concentrados. Sostuvimos siempre, y hoy también, la no-dolarización de la canasta de alimentos para toda la ciudadanía. Y sostuvimos siempre, también, la necesidad de que la renta agropecuaria vuelva mayoritariamente al eslabón correspondiente de la cadena de valor: al productor. Y no quede atrapada estructuralmente en la comercialización intermediaria. Pero ninguna de todas estas legítimas banderas, ni racionales reivindicaciones nos puede hacer perder el eje respecto del respeto irrestricto del Estado de Derecho y la vigencia irrestricta y sin condicionantes de emergencia de las Instituciones Republicanas. No podemos tolerar en silencio que se continúe desvirtuándose y manipulándose los argumentos verdaderos en pos de intereses políticos secundarios de parte. No denunciarlo sería avalarlo. Dejar hacerlo sería someter a cualquier arbitrariedad a todos los argentinos”.
Buenos Aires, 10 de Junio de 2020

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