Miguel Rojo, dirigente sindical, asegura que la Corte de Justicia de la Nación es una cloaca.

LaColumnaNOA- Los jueces de la Corte de Justicia de la Nación.

Salta- Argentina.- Miguel Hugo Rojo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de  la Administración Provincial -ATAP- responde con munición gruesa al fallo desfavorable de la Corte de Justicia de la Nación que desconoce el derecho de este trabajador cesanteado y reincorporado por el gobierno de la provincia en la Dirección de Rentas. Acusa directamente a los gobernadores: Augusto Ulloa (gobernador de la dictadura militar y elegido por el voto popular), Juan Carlos Romero (12 años) y Juan Manuel Urtubey (12 años) y a los jueces: Ricardo Luis Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Reproducimos a continuación el testimonio Miguel Hugo Rojo, damnificado por este atropello a la razón: “Revela una vez más y la sociedad debe saber y pronunciarse. La sistemática persecución, cacería jurídica de amedrentamiento de Miguel Rojo, en virtualmente 28 años desde mayo de 1992, y el vacío de justicia que persiste sostenidamente a la fecha, por una banda de funcionarios, gobernadores como Augusto Ulloa, Juan Romero y Juan Urtubey, entre otros a nivel provincia; y nivel nacional, además de otros, por los sepulcros blancos del Estado de Derecho, los símbolos ilustres de la justicia arreglada, la de los pozos negros, del prevaricato e impunidad, de la justicia pervertida o literalmente la cloaca de la justicia de la Nación: Ricardo Luis Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda; inclusive con la permisividad del Director General Guy Ryder de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra-Suiza. Un cóctel de dislates, mamarrachos y aberraciones jurídicas, que se detalla y acredita con un poco más de amplitud, en un petitorio de audiencia el 20/12/2019 al presidente de la Nación: Alberto Fernández.

La incógnita, ¿La política, el Estado de Derecho y la República, seguirán en default moral? ¿Seguirán siendo indiferentes con las salvajadas o brutalidades de funcionarios y jueces, en un país desfondado jurídicamente de justicia, donde arremetieron contra los principios elementales del derecho? Confío en un presidente -hombre del derecho-  de todos los argentinos y soberano de un país y no de una colonia. ¿Pueden seguir siendo indiferentes con agresores que destrozan los valores y los principios de la normativa del derecho interno, internacional y constitucional, y puntualmente de la Organización Internacional del Trabajo?

Considerando que éstos principios esenciales de la democracia, se han ido mutando en cleptocracia. Es decir, se transforman en gobierno de ladrones de libertades, derechos civiles, derechos de la propiedad y sueños de vida.  Así una abyección más de jueces del puritanismo inmoral, entre otros. El festival de la desvergüenza, de la saña de la institucionalidad de las supuestas Instituciones Republicanas, imponiendo la violencia laboral, de los derechos civiles y humanos, de la libertad sindical e impunidad. Así, la crónica o masacre jurídica aún más vergonzante, el epítome de la crisis moral, la médula, la síntesis de un modelo promiscuo jurídico-ético. Después de virtualmente 8 años de declararse competente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 25/11/2008 por segunda vez incurriendo maliciosamente en privación o denegación de justicia, entre otras, en ésta en el objeto de la petición por vía originaria; Expte. N° A. 386 XXXVII, para el Cumplimiento de la Recomendación del Comité de Libertad Sindical y el Consejo de Administración de la OIT. Caso Nº 1.867 -Miguel Rojo- de junio de 1998, dos semanas después del 11/11/2008, del fallo: “ATE c/Ministerio de Trabajo s/Ley de Asociaciones Sindicales”; y después ratificado en el caso “Rossi Adriana María c/Estado Nacional-Armada Nacional” de 09/12/2009; que explícitamente sobre la materia, y no nos cansamos de reiterar, fundadamente sostienen de raigambre y “doctrina constitucional”, incluso haciendo fundada alusión a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Huilca Tecse vs. Perú; se declara incompetente. Un desaguisado o despropósito más, entre otros vergonzosos, otro de los más infaustos antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina, un nido céntrico de la corrupción ética-jurídica, se declara incompetente. Se negó a tratar y resolver el caso ajustado a derecho. Juzgar con justo juicio, conforme a la verdad.

Así, la incontrastable naturaleza de los jueces desbordados por la violencia de la inmoralidad que firmaron esta resolución de iniquidad y supuesta argucia que no han tratado una cuestión de fondo, portadores de la fragilidad de principios y mala fe, que se declaran incompetentes son: Elena I. Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda (según su voto), entre otros fallecidos.

Violando literalmente el principio constitucional del derecho a la defensa, del debido proceso, y que el art. 18° de la Constitución Nacional sostiene: es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos; la seguridad y garantías individuales; y eludiendo adrede, maliciosa y premeditadamente su competencia y responsabilidad constitucional según los artículos 116° y 117° de la Carta Magna argentina. Con el premeditado y explícito bastardeo del derecho internacional. Donde además se ha ninguneado normas de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, entre otras, innumerables con rango constitucional vigentes, según el artículo 75°. Una evidencia siniestra de una crisis colosal de integridad jurídica-moral.

Transgrediendo el principio de la Doctrina de los Actos Propios, siendo que la Procuración General de la Nación el 12/10/2001 había opinado o aceptado la competencia originaria del Tribunal. De haber tenido participación en el debido proceso y en el mismo expediente, además la malicia e indecencia, de evadir, desechando intencionada e impúdicamente como una constante, consciente y falaz, las concluyentes e insoslayables, pruebas determinantes documentales. Donde los depredadores del Estado de Derecho, agredieron a la inteligencia y a la razón. Así lo patético, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el basural del derecho, el desenfreno sistémico de promiscuidad jurídica e institucional, la del ejercicio brutal del poder, no de constitucionalidad. La de enorme profundidad de la desvergüenza, de los símbolos del terrorismo de estado y sedición jurídica, que han incurrido en la blasfemia del derecho internacional. Las caras más crueles de un flagelo que atañe a parte de la justicia, los impostores que ni siquiera son acusados por la voz de sus conciencias, insensibilizadas, fraudulentos que pervirtieron el derecho, la naturaleza de la justicia, y suscribe el pelotón de fusilamiento: Elena I. Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, entre otros que ya fallecieron; que el 27/05/2009 envió el Expte. al Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal a cargo de Pablo Cayssials, con el cambio literal de la carátula, encendidos en su lujuria relativista jurídica de leyes inexorables, fuera de toda racionalidad lógica jurídica y sentido común, sin el mínimo pudor moral, de empleo público, invocando el artículo 45° de la Ley N° 13998 literalmente “trucha”, que en absoluto nada tiene que ver con la materia de la Libertad Sindical; para el expreso Cumplimiento de la Recomendación del Comité de Libertad Sindical y el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, Organismo dependiente de las Naciones Unidas (ONU).

Obviamente, la petición fue denegada y consumada una fechoría jurídica más, de las diversas antijurídicas cometidas en 28 años continuos por la institucionalización de la lujuria institucional “republicana” en la República Argentina. Que a su vez el 03/08/2012 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala IV, en el ahora Expte. N° 15.022/2009, rechazó la apelación, y el 05/02/2013 declaró la caducidad de la instancia extraordinaria en el Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habría sido la cuarta vez del tratamiento del Caso N° 1867 en la instancia del máximo Tribunal de la Nación. Así, la inequívoca perversión: la impunidad de jueces estafadores procaces. ¿Los manipuladores del derecho positivo, seguirán disponiendo de la licencia de perversión? Ruego que Dios haga justicia. Su palabra es luz, lámpara a mis pies”.

Diccionario de Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio

Prevaricato: Delito  que cometen  los funcionarios públicos dictando a sabiendas , o por ignorancia inexcusable, resolución de manifiesta injusticia.

Impunidad: Falta de castigo. Está representada por aquellos casos en que siendo conocidos los autores, no se los persigue por razones políticas, siempre  abusivas  y propias de Estados en los que la libertad  ha sido cercenada,la prensa amordazada, los tribunales prostituidos y el poder entregado a manos de una minoría sostenida por coacción, miedo y la cobardía general.

Dislate: Disparate.

Default Moral: Falta de Moral

Cleptomanía: Inclinación a hurtar cosas, procedente de una anomalía psíquica.

Abyección: Acción vil y despreciable.

Epítome: Tratado muy breve de una materia, en que se exponen nociones más elementales de ella. 

Promiscuo: Se dice de la persona  que mantiene relaciones sexuales  con muchas otras, así como de su comportamiento  y modo de vida.

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