Salta - Argentina: lunes 20 de mayo 2024 21:12 hs.

Miguel Rojo demandó al ex gobernador Juan Manuel Urtubey por evasión de aportes jubilatorios.

Miguel Rojo demandó al ex gobernador Juan Manuel Urtubey por evasión de aportes jubilatorios.

Salta / Argentina – Miguel Rojo y Fátima Elizabeth Gramajo, secretario general y secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial de Salta (ATAP), respectivamente comunicaron la situación actual de la denuncia en contra del ex mandatario provincial, en el Ministerio Público de la Nación en Salta, como principal responsable, junto a otros funcionarios. Se les asigna la responsabilidad de haber participado en una “negociación irregular en forma explícita, manifiesta y deliberada”, por incumplir retribuciones de los empleados.

“El Estado Provincial paga a sus empleados públicos al igual que las Municipalidades los sueldos mensuales, sin cumplir con el artículo 6° de la Ley N° 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. La obligación incumplida se refiere que las retribuciones de sus empleados, cualquiera sea el concepto y denominación que se establezca, mediante el cual se reconoce explícitamente la totalidad de las remuneraciones cobradas y suplementos adicionales que tienen el carácter de habituales y regulares como los viáticos (en la Dirección General de Rentas de la Provincia) y el  concepto no remunerativo, corresponde pagar al empleador las CONTRIBUCIONES sobre el total y los APORTES sobre el total efectivamente pagado”, señala el comunicado.

El texto completo:

CONSTITUCIÓN COMO ACTOR CIVIL Y PARTE QUERELLANTE

SEÑOR FISCAL COORDINADOR DISTRITO SALTA

MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN

  1. EDUARDO J. VILLALBA:

 

MIGUEL HUGO ROJO, argentino, casado, DNI N° 10856490, con domicilio legal constituido en Manzana 27 – Casa –  10 – Grupo 648 – Barrio Castañares, por derecho propio y en el carácter de Secretario General y Gramajo Fátima Elizabeth, argentina, soltera, DNI N° 14.708.169, con domicilio legal constituido en Manzana 29 – Casa 2 – Barrio San Carlos, en el carácter de Secretaria Gremial respectivamente, de la “Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial de Salta (ATAP)”, según fotocopias certificadas por Escribano Público de la Certificación de Autoridades de nuestra Asociación por el mandato de 29/01/2019 al 28/01/2023 extendido por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación que se adjuntó oportunamente, organización de primer grado y según normativa legal, constitucional y jurisprudencial de “doctrina constitucional” referida a la libertad sindical nacional e internacional que forman parte de la pirámide del derecho argentino, como el artículo 14° bis de la Constitución Nacional, Convenios N° 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) considerando la correcta interpretación del bloque constitucional (Constitución Nacional más los Tratados Internacionales con rango constitucional); todos de esta ciudad, en la causa o  Legajo N° 14.136/2021 caratulado “Denuncia de Miguel Hugo Rojo y Fátima Elizabeth Gramajo” en trámite por ante esa Área.

  1. CONSTITUCIÓN DE PARTE QUERELLANTE: Conforme a lo dispuesto en los artículos 87 y siguientes y concordantes del C. P. P. de la Nación, venimos a constituirnos como actor civil y parte querellante en forma conjunta en la causa referenciada o legajo referenciado.

Fundamos la petición, en las siguientes consideraciones:

  1. Hemos denunciado la probable comisión de hechos ilícitos ocasionados por funcionarios públicos de la Provincia de Salta, en perjuicio del Estado Nacional (ANSES) Administración Nacional de la Seguridad Social y AFIP, Ministerio de Economía del Estado Nacional y en el patrimonio de los denunciantes según se fundamentará más abajo en razón de los siguientes hechos. El Estado Provincial paga a sus empleados públicos al igual que las Municipalidades los sueldos mensuales, sin cumplir con el artículo 6° de la Ley N° 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. La obligación incumplida se refiere que las retribuciones de sus empleados, cualquiera sea el concepto y denominación que se establezca, mediante el cual se reconoce explícitamente la totalidad de las remuneraciones cobradas y suplementos adicionales que tienen el carácter de habituales y regulares como los viáticos (en la Dirección General de Rentas de la Provincia) y el concepto no remunerativo, corresponde pagar al empleador las CONTRIBUCIONES sobre el total y los APORTES sobre el total efectivamente pagado.

 

Sin embargo, la Provincia de Salta y los Municipios que la integran desde hace más de 20 años y hasta la fecha, no cumplen con la norma citada, puesto que, a pesar de descontar sólo sobre los montos remunerativos, no lo hacen sobre los montos no remunerativos, ocasionando ello una ovación fiscal dolosa en perjuicio del Estado Nacional y de los empleados públicos como son los denunciantes y de sus organizaciones sindicales. La evasión fiscal es evidente e incuestionable porque la falta de pago de los aportes y contribuciones nacionales, es una suma significativa superior al 40 % del monto total de los salarios. Lo que es evidente cuando se observa los recibos de sueldos de donde surge que los conceptos no remunerativos equivalen a tal porcentaje, descapitalizando los fondos destinados al ANSES, cuya obligación de recaudación le corresponde a la AFIP.

Pero la evasión fiscal a su vez, perjudica a los empleados públicos provinciales porque el cálculo del haber jubilatorio se efectúa en base a los montos de los aportes y contribuciones efectuados por el empleador denunciado. El cálculo es incuestionablemente menor a los montos efectivamente cobrados y de allí proviene el perjuicio y el interés de damnificados directos por lo que promovemos la siguiente querella y actoría civil. Como es innegable la evasión fiscal es que la AFIP cuando verifica el cumplimiento por parte de los empleadores privados les exige el pago de los aportes y contribuciones previsionales sobre el total de la nómina salarial, motivo por el cuál no se explica ni justifica de ninguna manera el distinto tratamiento realizado por la Provincia de Salta y sus Municipalidades cuando la Ley N° 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones es obligatoria para los empleadores públicos como para los empleadores privados. La única prueba disponible que aportamos a la denuncia proviene de una información pública del entonces Diputado Nacional Andrés Zottos y ex Vicegobernador de la gestión del mismísimo denunciado ex Gobernador Juan Manuel Urtubey, que, suponemos es veraz. Por ello es que, a los fines de constatar la existencia de la evasión fiscal o no, es fundamental que el Señor Fiscal Coordinador Distrito Salta investigue los hechos denunciados. Como prueba incontrovertible e incuestionable de la probable evasión fiscal también ofrecemos las constancias de los Extes. N° 22-595.819 de 01/10/2018 y 22-594.071 de 08/10/2018; y 11-250.261 de 03/10/2019 tramitados ante la Dirección General de Rentas y el Ministerio de Economía de la Provincia de Salta respectivamente, organismos en los cuales se evade el pago de los aportes y contribuciones sobre los conceptos de los NO remunerativos y de los viáticos en el que se solicitó la entrega de la Certificación de Servicios y Remuneraciones, según el artículo 6° de la Ley N° 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la Nación. Que hasta el día de la fecha NO se entrega a pesar de las reiteradas peticiones realizadas desde hace el 16/11/2018.    

 1- Los hechos ilícitos denunciados no sólo nos perjudicaron en forma personal y familiar, sino también al conjunto de los trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta, por cuanto los aportes y contribuciones previsionales cuya omisión de pago se realizó en forma deliberada nos ocasiona un perjuicio irreparable porque tales créditos no se verán computados en el futuro haber previsional y consecuentemente se disminuirá nuestras jubilaciones por la exclusiva responsabilidad de los imputados

2- Asimismo somos parte damnificada en forma personal porque los imputados habiendo descontado de nuestros sueldos mensuales los aportes previsionales, los mismos no fueron depositados en tiempo oportuno, motivo por el cual existe dolo directo atribuible a los mismos quienes no pueden eximirse de responsabilidad penal porque desde el mismo momento que devengamos las remuneraciones mensuales, tales fondos no son del Estado sino son remuneraciones personales con destino exclusivo al patrimonio de ANSES.

  1. En definitiva, también existe administración fraudulenta de los aportes previsionales como así de las contribuciones que la Provincia de Salta debía realizar y no los hizo con el exclusivo propósito de ocasionar perjuicios patrimoniales a los denunciantes.
  1. El perjuicio ocasionado, de ninguna manera es potencial, sino que es efectivo, concreto y actual porque ante el hecho cierto de una incapacidad para el trabajo nos veremos obligados a iniciar el trámite de jubilación por tal motivo y el monto del haber previsional sería inferior por la falta de pago de los aportes y contribuciones.

                                  Por tal motivo nos reservamos el derecho de establecer los daños y perjuicios por la disminución del haber previsional, cantidad que se concretará en oportunidad de la elevación a juicio de la presente causa.

  1. De la documentación probatoria adjuntada oportunamente el 25/03/2021, surge que el principal responsable de los hechos delictuosos: el exgobernador de la Provincia de Salta: Juan Manuel Urtubey, y los funcionarios que surgieren como responsables de dicha denuncia, inclusive funcionarios del actual gobierno de la Provincia que hayan participado en dicha negociación irregular en forma explícita, manifiesta, deliberada. En un orden civilizado basado en un precepto de normas como es el Estado de Derecho. Donde las institucionalidades de las supuestas Instituciones Republicanas han sido literalmente laceradas, pisoteadas, violadas. Conceptos que declama y reclama constantemente el Presidente de la Nación: Alberto Fernández. Doctrina sana y saludable del derecho. No a las incoherencias y lascivias del derecho. No a las conductas torcidas, adulteradas. No al encubrimiento. No a la abominable manipulación de motivaciones ocultas. La declamación constante del Estado de Derecho y no cumplirlo debe avergonzarnos. No permitir que el Estado de Derecho sea una palabra vacía y engañosa. La coherencia y honestidad intelectual, esencialmente es hacer respetar el Estado de Derecho, y perseguir eficazmente los delitos cuando se cometan. Según los poderes constitucionales en sus competencias e independencia. La relevancia visceral del Estado de Derecho en la conciencia cívica de los ciudadanos que le dicen precisamente no, a la destrucción del mismo. Así, se transgredió, infringió y quebrantó premeditada, expresa y literalmente la Ley N° 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y Leyes N° 24.769 y N° 26.735 del Régimen Penal Tributario. Así, se reitera en dejar expresa constancia que en una publicación por la vía de Internet de 16/03/2020 en el Semanario EL EXPRESO que ya se adjuntó, se titula una manifestación expresa, literal, del entonces Diputado Nacional Andrés Zottos: “Urtubey no le pagó a la ANSES desde el 2015”. Así, en el desarrollo de dicha información, se sostiene que, el Diputado Nacional del bloque del PJ, liviana, burdamente y con una naturalidad cínica y desvergonzada de una “política de estado” que ya no asombra, en connivencia con otros, se puso a disposición del Gobierno Provincial de Salta para re-negociar una millonaria deuda con el ANSES en distintos conceptos y que sostuvo: “afortunadamente hubo un compromiso y se firmará un nuevo convenio para beneficiar a la provincia”.

Después continúa: señalando que “sabemos en la situación en la que está el país, donde aprobamos los proyectos de solidaridad para la reestructuración de la deuda que mandó el Ejecutivo Nacional, pero para nosotros todas las provincias deben tener un representante en la mesa de negociación porque también tienen deudas internas, sumado a que, ante esta recesión, lamentablemente los sueldos no han crecido al ritmo de la inflación”.

Continuando, “En ese punto se refirió al panorama provincial: ‘Salta tiene una deuda de 10 mil millones para este año, donde se habla de re-perfilarla, y el déficit bajo a 8 o 9 mil millones, pero no se puede seguir ajustando en las personas´”.

“Allí, Andrés Zottos contó que, ´me ofrecí a acompañarlos a reestructurar la deuda, por eso nos sentamos con el ANSES para negociar, ya que le estamos debiendo en concepto de un fondo que estaba destinado a las provincias, donde en enero del año que viene se vencen 2 mil millones de capital, y en julio próximo 1300 millones”.

“Además, hay una deuda con el ANSES que se venía pagando hasta 2015 en conceptos de jubilaciones, que es de un millón quinientos o seiscientos por mes, y que se dejó de pagar, algo de lo que también se habló para abrir una nueva negociación”.  

 “En igual sentido, agregó que ´hay que hacer un nuevo acuerdo y sentamos a avanzar en la letra chica, algo que está previsto para mayo, pero afortunadamente hubo un compromiso y se firmará un nuevo convenio para beneficiar a la provincia”.

“También tenemos la deuda del crédito del Plan Bicentenario que es de 150 millones de dólares, y que se hizo a través de banca privada, así que, con estas deudas, qué aumentos les podemos dar a los docentes”, sostuvo el ex vicegobernador de la provincia.

Reconociendo expresamente que, ante ésta situación de delitos incurridos, según la normativa legal vigente, no sólo se pone en jaque la normalidad de la operatividad de la función administrativa de la Provincia, sino además que por esos motivos se les retacea indirectamente los sueldos o ingresos a los docentes, y obviamente a todos los trabajadores y ciudadanía en general. Así, la Provincia a través de sus funcionarios responsables o irresponsables, se apropió o se aplicó indebidamente dinero de los trabajadores, dinero legalmente ajeno, destinado a operaciones básicas, elementales y propias del ANSES. Un epítome, de la naturalidad del puritanismo de la inmoralidad Institucional Republicana.

Venimos a informar que, en ocasión de haber concurrido a ésta Fiscalía, entre otras, el 02/05/2022 fuimos atendidos personalmente por la Dra. Carolina Araoz, quien nos informó que reemplaza a la Dra. Seambalar Juana que estaba a cargo de éste Expte., y que la deuda por aportes y contribuciones previsionales de la Provincia de Salta, ascendía a $ 81.000 y con intereses correspondía $ 118.000 aproximadamente, cantidad que suponemos errónea y que a los fines de una investigación seria de esa Fiscalía, también nos informe si es la cantidad efectivamente adeudada que denuncia en detalle el ex Diputado Nacional Andrés Zottos.

Solicitamos la intervención del Señor Defensor Oficial:  Somos denunciantes sin patrocinio letrado y por tal motivo, venimos a solicitar que por obligación legal se requiera la participación del Defensor Oficial conforme a lo dispuesto en el artículo 15° del CPP y de los denunciantes en su carácter de damnificados.

  1. PRUEBAS: Ofrecemos las siguientes:
  1. a) Prueba Documental: 1) Publicación del Semanario El Expreso que se ha adjuntado con la denuncia. 2) Fotocopias de los Exptes. N° 22-595.819 de 01/10/2018 y 22-594.071 de 08/10/2018; y 11-250.261 tramitados ante la Dirección General de Rentas y el Ministerio de Economía de la Provincia de Salta respectivamente.
  1. Testimonial: Miguel Andrés Costas Zottos con domicilio en Warnes (1ra.cuadra) Esquina 20 de febrero de la Localidad de Tartagal-Salta; del Director Oscar Burgos, del Semanario o Periódico El Expreso de Salta con domicilio en Complejo Habitad Sur mz C casa 17 de esta Ciudad; Daniel Alejandro Farfán, empleado de la Dirección General de Rentas de la Provincia, con domicilio en Manzana 65 B- Lote 5 Barrio El Jardín de la Localidad de La Caldera – Salta.
  1. Prueba informativa: 1) Se requiera mediante oficio la remisión a ésta Fiscalía de un ejemplar o video publicado en la Página de Internet del Semanario el 16/03/2020 con domicilio en Complejo Habitad Sur mz C casa 17 de esta Ciudad. 2) Se requiera de la Dirección General de Rentas y del Ministerio de Economía de la Provincia de Salta, la remisión a ésta Fiscalía copias de los N° 22-595.819 de 01/10/2018 y 22-594.071 de 08/10/2018; 11-250.261 de 03/10/2019 y de los recibos de sueldos de los denunciantes. 3) De AFIP para que informe si la Provincia de Salta y sus Municipios realizaron o no el acuerdo o convenio de pago de la deuda por aportes y contribuciones previsionales que hace alusión el ex Diputado Nacional Miguel Andrés Zottos y en su caso si en dicha deuda se incorporó o no los aportes y contribuciones previsionales por los conceptos NO REMUNERATIVOS Y VIÁTICOS. En su caso remita a ésta Fiscalía copia del acuerdo o convenio celebrado.
  • PETITORIO: Por lo anteriormente expuesto, a V. S. solicitamos:
  • Nos tenga formalmente por constituidos como actor civil y parte querellante, ratificando como domicilio legal los arriba indicados.
  • Por ofrecida la prueba.
  • Se designe al Señor Defensor Oficial en representación del Estado Nacional y de los denunciantes en su carácter de damnificados.
  • Se nos conceda el carácter parte civil y querellante.

SERA JUSTICIA

editor

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