Martin Plaza: Marcha atrás de Gustavo Sáenz: derogará la Ley de Superpoderes de la Policía.

El abogado de Derechos Humanos, Martín Plaza, manifestó su beneplácito con la decisión del gobierno de la provincia de derogar la ley 8191 que otorgaba superpoderes a la policía de la provincia que con el pretexto de la pandemia habia cometidos abusos con metodologías que se habían aplicado en la época del terrorismo de Estado de 1976-1983.

Martín Plaza, abogado de Derechos Humanos.

Salta-Argentina.- El abogado Martín Plaza, de la Asociación Pensamiento Penal, Capítulo Salta, publicó en su muro de facebook la noticia del envio del proyecto del gobierno de la provincia para derogar la Ley provincial 8191 (ex decreto 255) que había otorgado superpoderes a la Policía de la Provincia que con el pretexto de la pandemia, realizaba procedimientos  que atentaban las garantias constitucionales de la población e incluso en estos abusos, se utilizaron la metodología del terrorismo de Estado que se aplicó de 1976-1983 y que costó la desaparición de 30 mil detenidos desaparecidos en Argentina. El texto de dicha publicación expresa: “El gobierno retrocede con los “superpoderes” a la policía, un triunfo de la lucha: hacia la derogación de la ley Provincial Nº 8191 (ex Decreto 255)
En el día de la fecha, ingresó para su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Provincia un proyecto de ley propuesto por el oficialismo que, entre otras cosas, busca derogar la ley provincial Nº 8191 (ex decreto 255) que otorga “superpoderes” a la Policía de la Provincia dandole facultades jurisdiccionales a mencionada institución exhimiendo de cualquier control judicial las actuaciones de la misma.
Creemos que la propuesta, en cuanto a la derogación de aquella ley inconstitucional, es un logro colectivo de las organizaciones de ddhh, medios de prensa, de los actores y actoras de distintos sectores de la sociedad civil que hace meses venimos denunciando los hechos de violencia institucional cometida por miembros de las fuerzas de seguridad que se han agravado profundamente a partir de la sanción de mencionado instrumento legal.
Si bien, como ya lo hemos mencionado con anterioridad, la violencia institucional es un problema que pre-existe a la sanción del decreto 255, esta herramienta inconstitucional fue unos de los elementos principales que generó las condiciones propicias para que estos hechos se profunizaran tanto en la cantidad de casos presentados, como en la modalidad de la violencia ejercida principalmente hacia las poblaciones más vulnerabilizadas de la Provincia.
Si hay algo que quedó claro y se ha puesto en evidencia de forma innegable en estos últimos meses, es la existencia de una actuar estructural arbitrario, discrecional y selectivo que tiende a la vulneración sistemática de los ddhh por parte de las fuerzas de seguridad provinciales. En ese sentido, es que, sostenemos que es sumamente necesario y urgente brindar desde el Estado la mayor cantidad de herramientas posibles para limitar ese ejercicio discrecional de la fuerza a los fines de reducir estos hechos de violencia y para sostener la plena vigencia del Estado de Derecho.
Las políticas preventivas para evitar la propagación de la pandemia, fundamentalmente sanitarias y sociales, acompañadas de la utilización de la ley penal y contravencional como última ratio son y deberán ser a futuro el marco de actuación de los poderes del Estado. Estos casi seis meses de vigencia de mencionada ley inconstitucional ha generado daños irreparables no solo en las víctimas de estos hechos aberrantes de violencia, sino también en sus familiares y en la sociedad en su conjunto.
Párrafo aparte merece el lamentable accionar del Poder Judicial, principalmente de la Corte de Justicia salteña, que al día de la fecha no se ha pronunciado en relación a la inconstitucionalidad de esta ley pese las distintas presentaciones judiciales realizadas solicitando aquello. Este lamentable accionar demuestra una especulación política que no debería ser propia de los órganos que están destinados a ejercer el control legal de los actos emanados por los demás poderes del Estado. Esto ha puesto, una vez más, de manifiesto la fragilidad institucional de nuestra democracia en la Provincia.
Más allá de esto, bregamos por la urgente derogación de esta ley inconstitucional y por el cese de los hechos de violencia institucional cometida por miembros de las fuerzas de seguridad en la Provincia. Esperamos que este sea un verdadero punto de inflexión para que desde las distintas órbitas del Estado se empiece a construir una sociedad más justa y con menos violencias. Desde nuestro lugar, seguiremos trabajando de forma conjunta en el monitoreo de las actuaciones policiales y judiciales, acompañando a las víctimas y sus familiares, siempre con el objetivo de garantizar la plena vigencia de los DDHH en la Provincia porque, tal como lo dijo un reconocido jurista, “dentro del Estado de Derecho todo, fuera del Estado de Derecho nada”.
H.I.J.O.S Salta
Colectivo de Abogades Populares de Salta
Asociación Pensamiento Penal Capítulo Salta
Asociación Lucrecia Barquet
Asociación Coca Gallardo
Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y gremiales

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