Por Walter Neil Bühler (1)

Desde que asumió el Gobierno, Mauricio Macri viene insistiendo en cada discurso sobre dos temas: “el alto costo laboral” y “la mafia de los juicios laborales”, adjudicándoles parte principal de la culpa del retroceso argentino. Tales expresiones son amplificadas en una formidable campaña mediática que encabezan diarios como la Nación, El Clarín, Infobae y el Cronista Comercial; que cotidianamente machacan sobre el mismo tema. Mientras tanto la banca financiera que no ha dejado de enriquecerse en forma escandalosa y las grandes empresas que se robaron medio país junto con funcionarios inescrupulosos (para una coima hacen falta dos partes: solo vemos funcionarios en Ezeiza) pasan sigilosamente sin que nadie se acuerde de ellas. Como veremos la baja del costo laboral que se propone es para beneficiar a la gran empresa que se mueve en una realidad distinta de las Pymes. Ayer trascendió el borrador que el Poder Ejecutivo envió a la CGT: el proyecto no tiene nada de light. Entre las cosas menores se habla de suprimir conceptos que la jurisprudencia ha considerado remuneratorios como el celular, el automóvil, la tarjeta corporativa o los adicionales por medicina prepaga. Según se vea ello puede ser correcto, pero nada tiene que ver con la problemática Pyme que a duras penas puede pagar los sueldos básicos de convenio. Cualquier Pyme soñaría con poder pagar indemnizaciones dobles como lo hizo Pepsico con sus trabajadores u ofrecerles trasladarlos a Mar del Plata con todos los gastos pagos.

Esta es una historia repetida a nivel mundial. con cada crisis (energética, financiera o inmobiliaria) los platos rotos no los pagaron sus causantes; sino que automáticamente dirigieron sus miradas al sector más débil y sistemáticamente los distintos países formularon planes de ajuste para “reducir el costo laboral”. Ello bajo la hipócrita propuesta de crear más puestos de trabajo a cambio de reducir derechos laborales. Es lo que el catedrático español, Tomas Sala Franco, denominó –con acierto- “el chantaje de la crisis”.

Las recientes tribulaciones de Cataluña, claramente nos demuestran que no es el costo laboral el factor que determina que las empresas se trasladen a otros emplazamientos. Históricamente el costo laboral ha sido mucho más bajo en África del Norte, que está cruzando el charco. Lo mismo ocurre con la vecina Portugal donde los salarios son mucho más bajos. Sin embargo, a la pujante industria y comercio catalán ni se le ocurrió en estas décadas trasladar sus sedes. Bastó que se planteara una situación de inseguridad jurídica por la independencia catalana para que en poco más de un mes más de 1700 empresas mudaran de asentamiento fuera de Cataluña.

La industria del juicio

Es cierto que hace falta una reforma laboral a fin de suprimir las exorbitantes indemnizaciones que surgen del trabajo no registrado. Es cierto que ello da lugar a juicios contra las Pymes notoriamente injustos. Pero es culpa de la ley, no de quienes la aplican. Al hablar de “mafia” claramente se está involucrando a los magistrados laborales; sin embargo, no hay una sola denuncia de corrupción en todo el país que los implique. Tampoco se indican datos concretos de donde y como estarían afincadas estas mafias laborales. Eso es poco serio, pero logra su efecto mediático. En Salta podemos tener la certeza que no existe industria del juicio; entre otras cosas porque en los últimos quince años se mantiene un número relativamente bajo de expedientes, porque es bajísima la cantidad de juicios por accidentes de trabajo (menos del 5%) y porque prácticamente no hay juicios de trabajadores agrarios. Esto último a pesar de ser el sector con mayor número de trabajadores y donde escasamente se cumple la legislación laboral.

(1) Abogado, Docente Universitario y Columnista de Diario El Tribuno.

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