By Argentina – El encuentro entre gobernadores y el mandatario nacional se realizó este martes y juntos manifestaron la voluntad de avanzar contra las llamativas irregularidades de la Corte y dádivas en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires en perjuicio de las demás provincias. La reunión surge en medio del escandaloso descubrimiento de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y el colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y a días de haber descubierto la reunión clandestina en Lago Escondido de la que participaron altos magistrados junto a importantes referentes del grupo Clarín.
El presidente Alberto Fernández y gobernadores acordaron durante el encuentro impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.
Acompañaron con su firma los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
El gobernador de la provincia de Chaco tomó la palabra durante la conferencia de prensa y comunicó que la decisión se tomó “en virtud del mal desempeño de funciones” de los cuatro magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. También explicó que la firma del pedido de juicio político se realiza “en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El documento será enviado desde el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y expondrá además “una multiplicidad de hechos” irregulares atribuidos al máximo tribunal.
Entre los aspectos detallados se encuentran: “la violación de la Ley de Ética Pública” hasta el mal desempeño “a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080”, que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937.
A estos hechos se suma la medida cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires que, según Capitanich, habla de “manifiesta parcialidad” en favor de un sector partidario, en alusión a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).
“Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecte. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y del federalismo es una bandera irrenunciable, porque es la base para lograr equidad e igualdad”, señaló el mandatario chaqueño.
