Jujuy / Argentina – El vergonzoso hecho tuvo lugar cuando la Policía jujeña ingresó sin autorización, a la casa de Altos Estudios, violando la autonomía universitaria. El hecho provocó el rechazo generalizado de la sociedad.
El gobierno de Gerardo Morales, actual candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta (JxC), sigue criminalizando la protesta social: el Poder Judicial de la provincia pidió la detención de 22 personas que participaron de una marcha el 30 de junio, en Humahuaca, en repudio a la reforma constitucional impulsada por el mandatario radical.
También se solicitó el allanamiento de los domicilios de los imputados, acusándolos de delitos de suma gravedad como sedición y privación ilegítima de la libertad, entre otros, con el fin de que queden detenidos.
Cinco de esas 22 personas quedaron detenidas y al menos 3 de ellas fueron trasladadas desde Humahuaca hasta San Salvador de Jujuy, aunque no se sabe dónde permanecen, según informó el medio Página 12.
En simultáneo, docentes y estudiantes denunciaron el ingreso ilegal de la policía provincial en la Universidad Nacional de Jujuy.
Pasadas las 18 del miércoles, Renzo Braian Laguna, Agustín Zamboni y Rolando Tapia fueron citados a conocer las imputaciones en su contra y a designar abogado defensor en la seccional número 15 de Humahuaca.
“Mi hijo fue citado a la policía sin un motivo preciso a las 10 de la mañana y directamente lo metieron preso, luego al mediodía me entero que lo llevaron a San Salvador de Jujuy”, denunció a la prensa local Carola Zamboni, madre de uno de los detenidos. Y afirmó que el joven “está secuestrado, desaparecido porque yo no sé a dónde lo llevaron, en qué lo llevaron y quién lo llevó”. Las familias se apostaron en la comisaría sin obtener respuesta alguna.
En paralelo a las medidas represivas contra las personas que participaron de las protestas, la policía de la provincia, en un acto de violación repudiable, ingresó a la Universidad Nacional de Jujuy.
Cuando irrumpió la policía, el Consejo Superior de la universidad se encontraba sesionando. Allí, los representantes de la comunidad académica, docentes del sindicato Adiunju y organizaciones estudiantiles debatían el repudio a la nueva Constitución jujeña, así como el rechazo a la persecución de profesores y alumnos. También se analizaba un pedido para que la institución se presente como querellante ante la Justicia. En ese momento, un grupo de agentes provinciales ingresó al predio de la UNJu sin identificación, aparentemente para intentar averiguar qué resolvía el Consejo Superior.